En otro número perteneciente a esta colección «La Administración en tiempo de crisis» se abordó el proceso de transformación de las pautas del funcionamiento de la Administración convencional. La presente Obra tiene como objeto analizar una parte complementaria de aquella: el control y las responsabilidades de las autoridades y funcionarios públicos. Se parte de una concepción general de la teoría del control que incluye el control político-parlamentario, el control de gestión y el control financiero en sus diversas modalidades y órganos llamados a su ejercicio. Como consecuencia del control y con el mismo esquema y visión global se analizan las formas de exigencia de responsabilidades tanto políticas, como funcionariales y, finalmente, la responsabilidad civil y penal de las autoridades y funcionarios del Estado.
La Obra presenta una visión de conjunto de la teoría del control y de las responsabilidades desde una visión interdisciplinar y colectiva en la que han participado profesionales y estudiosos de la Universidad y las Instituciones y que tiene como objetivo formular de forma crítica la insuficiencia del modelo actual de control y la necesidad de articular nuevos elementos y figuras que permitan un mayor alcance del control y una mayor exigencia y rigor en el control de la actuación pública y de los fondos públicos.

En otro número perteneciente a esta colección «La Administración en tiempo de crisis» se abordó el proceso de transformación de las pautas del funcionamiento de la Administración convencional. La presente Obra tiene como objeto analizar una parte complementaria de aquella: el control y las responsabilidades de las autoridades y funcionarios públicos. Se parte de una concepción general de la teoría del control que incluye el control político-parlamentario, el control de gestión y el control financiero en sus diversas modalidades y órganos llamados a su ejercicio. Como consecuencia del control y con el mismo esquema y visión global se analizan las formas de exigencia de responsabilidades tanto políticas, como funcionariales y, finalmente, la responsabilidad civil y penal de las autoridades y funcionarios del Estado.
La Obra presenta una visión de conjunto de la teoría del control y de las responsabilidades desde una visión interdisciplinar y colectiva en la que han participado profesionales y estudiosos de la Universidad y las Instituciones y que tiene como objetivo formular de forma crítica la insuficiencia del modelo actual de control y la necesidad de articular nuevos elementos y figuras que permitan un mayor alcance del control y una mayor exigencia y rigor en el control de la actuación pública y de los fondos públicos.

Las Administraciones Públicas viven un momento especialmente exigente en la utilización de los bienes públicos y una exigencia ciertamente importante en la necesidad de optimizar los recursos, ciertamente, más escasos de los que se sirven para el ejercicio de sus funciones. Esta panorámica, unida a la aprobación de leyes que han configurado diferencialmente algunos elementos centrales del dominio público (Costas, espacio radioeléctrico) justificaban una nueva edición del Derecho de los Bienes Públicos que se publicó hace algunos años con la intención de conformar una Obra de referencia y una visión de conjunto sobre el conjunto de bienes públicos analizados desde una perspectiva orgánica, material y funcional.
La nueva Edición constituye una actualización y revisión de cada uno de sus capítulos y mantiene la estructura esencial de la Edición anterior introduciendo las modificaciones fruto de la actividad legislativa y de los nuevos problemas que se han ido planteando desde aquella.

Las Administraciones Públicas viven un momento especialmente exigente en la utilización de los bienes públicos y una exigencia ciertamente importante en la necesidad de optimizar los recursos, ciertamente, más escasos de los que se sirven para el ejercicio de sus funciones. Esta panorámica, unida a la aprobación de leyes que han configurado diferencialmente algunos elementos centrales del dominio público (Costas, espacio radioeléctrico) justificaban una nueva edición del Derecho de los Bienes Públicos que se publicó hace algunos años con la intención de conformar una Obra de referencia y una visión de conjunto sobre el conjunto de bienes públicos analizados desde una perspectiva orgánica, material y funcional. La nueva Edición constituye una actualización y revisión de cada uno de sus capítulos y mantiene la estructura esencial de la Edición anterior introduciendo las modificaciones fruto de la actividad legislativa y de los nuevos problemas que se han ido planteando desde aquella.

Las Administraciones Públicas viven un momento especialmente exigente en la utilización de los bienes públicos y una exigencia ciertamente importante en la necesidad de optimizar los recursos, ciertamente, más escasos de los que se sirven para el ejercicio de sus funciones. Esta panorámica, unida a la aprobación de leyes que han configurado diferencialmente algunos elementos centrales del dominio público (Costas, espacio radioeléctrico) justificaban una nueva edición del Derecho de los Bienes Públicos que se publicó hace algunos años con la intención de conformar una Obra de referencia y una visión de conjunto sobre el conjunto de bienes públicos analizados desde una perspectiva orgánica, material y funcional.
La nueva Edición constituye una actualización y revisión de cada uno de sus capítulos y mantiene la estructura esencial de la Edición anterior introduciendo las modificaciones fruto de la actividad legislativa y de los nuevos problemas que se han ido planteando desde aquella.

Las Administraciones Públicas viven un momento especialmente exigente en la utilización de los bienes públicos y una exigencia ciertamente importante en la necesidad de optimizar los recursos, ciertamente, más escasos de los que se sirven para el ejercicio de sus funciones. Esta panorámica, unida a la aprobación de leyes que han configurado diferencialmente algunos elementos centrales del dominio público (Costas, espacio radioeléctrico) justificaban una nueva edición del Derecho de los Bienes Públicos que se publicó hace algunos años con la intención de conformar una Obra de referencia y una visión de conjunto sobre el conjunto de bienes públicos analizados desde una perspectiva orgánica, material y funcional.
La nueva Edición constituye una actualización y revisión de cada uno de sus capítulos y mantiene la estructura esencial de la Edición anterior introduciendo las modificaciones fruto de la actividad legislativa y de los nuevos problemas que se han ido planteando desde aquella.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, y su aplicación reglamentaria han introducido una amplia modificación en la forma de acceso a la abogacía que, por el momento, se traduce en la necesidad de cursar un master oficial de carácter habilitante y, posteriormente, de superar una prueba de acceso convocada por el Ministerio de Justicia.
Sea como fuera esta transformación tiene un importante reflejo en el esquema de funcionamiento y de formación de los estudiantes de derecho. Las Universidades han asumido la gestión de un master oficial que presenta alguna peculiaridad frente a los criterios y los conocimientos que se habían impartido en los master de Abogacía con una importante carga de conocimientos de derecho corporativo y de las reglas de ejercicio profesional que no formaban parte de aquellos.
En este contexto los esfuerzos por conseguir un material de apoyo que permita tener la información suficiente para el desarrollo y el seguimiento de las enseñanzas que se realizan en el master y que constituyen el entramado esencial del examen estatal redoblan la importancia que puede atribuirse a cualquier información docente. El conocimiento de los elementos esenciales de este nuevo tramo de la vida a caballo entre lo profesional y lo docente son, así, un elemento central para la consecución del desarrollo profesional.
El practicum contiene tres grandes grupos de materiales. Los primeros se refieren a las obligaciones colegiales y al desarrollo de la vida profesional en el marco de un colegio de abogados. El segundo, se corresponde con el marco procesal de actuación en las diferentes jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativo, social) y con las obligaciones y derechos de los abogados en el ejercicio de su labor en la misma y las reglas generales de ésta. Finalmente y con todas las limitaciones que por razón de la materia y de su desarrollo proceden se encuentran las principales instituciones de las materias sustantivas. En esencia, las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil. De esta forma el usuario puede encontrar la primera y fundada información de todos los ámbitos en los que se va a desarrollar su función.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, y su aplicación reglamentaria han introducido una amplia modificación en la forma de acceso a la abogacía que, por el momento, se traduce en la necesidad de cursar un master oficial de carácter habilitante y, posteriormente, de superar una prueba de acceso convocada por el Ministerio de Justicia.
Sea como fuera esta transformación tiene un importante reflejo en el esquema de funcionamiento y de formación de los estudiantes de derecho. Las Universidades han asumido la gestión de un master oficial que presenta alguna peculiaridad frente a los criterios y los conocimientos que se habían impartido en los master de Abogacía con una importante carga de conocimientos de derecho corporativo y de las reglas de ejercicio profesional que no formaban parte de aquellos.
En este contexto los esfuerzos por conseguir un material de apoyo que permita tener la información suficiente para el desarrollo y el seguimiento de las enseñanzas que se realizan en el master y que constituyen el entramado esencial del examen estatal redoblan la importancia que puede atribuirse a cualquier información docente. El conocimiento de los elementos esenciales de este nuevo tramo de la vida a caballo entre lo profesional y lo docente son, así, un elemento central para la consecución del desarrollo profesional.
El practicum contiene tres grandes grupos de materiales. Los primeros se refieren a las obligaciones colegiales y al desarrollo de la vida profesional en el marco de un colegio de abogados. El segundo, se corresponde con el marco procesal de actuación en las diferentes jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativo, social) y con las obligaciones y derechos de los abogados en el ejercicio de su labor en la misma y las reglas generales de ésta. Finalmente y con todas las limitaciones que por razón de la materia y de su desarrollo proceden se encuentran las principales instituciones de las materias sustantivas. En esencia, las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil. De esta forma el usuario puede encontrar la primera y fundada información de todos los ámbitos en los que se va a desarrollar su función.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, y su aplicación reglamentaria han introducido una amplia modificación en la forma de acceso a la abogacía que, por el momento, se traduce en la necesidad de cursar un master oficial de carácter habilitante y, posteriormente, de superar una prueba de acceso convocada por el Ministerio de Justicia.
Sea como fuera esta transformación tiene un importante reflejo en el esquema de funcionamiento y de formación de los estudiantes de derecho. Las Universidades han asumido la gestión de un master oficial que presenta alguna peculiaridad frente a los criterios y los conocimientos que se habían impartido en los master de Abogacía con una importante carga de conocimientos de derecho corporativo y de las reglas de ejercicio profesional que no formaban parte de aquellos.
En este contexto los esfuerzos por conseguir un material de apoyo que permita tener la información suficiente para el desarrollo y el seguimiento de las enseñanzas que se realizan en el master y que constituyen el entramado esencial del examen estatal redoblan la importancia que puede atribuirse a cualquier información docente. El conocimiento de los elementos esenciales de este nuevo tramo de la vida a caballo entre lo profesional y lo docente son, así, un elemento central para la consecución del desarrollo profesional.
El practicum contiene tres grandes grupos de materiales. Los primeros se refieren a las obligaciones colegiales y al desarrollo de la vida profesional en el marco de un colegio de abogados. El segundo, se corresponde con el marco procesal de actuación en las diferentes jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativo, social) y con las obligaciones y derechos de los abogados en el ejercicio de su labor en la misma y las reglas generales de ésta. Finalmente y con todas las limitaciones que por razón de la materia y de su desarrollo proceden se encuentran las principales instituciones de las materias sustantivas. En esencia, las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil. De esta forma el usuario puede encontrar la primera y fundada información de todos los ámbitos en los que se va a desarrollar su función.

La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, y su aplicación reglamentaria han introducido una amplia modificación en la forma de acceso a la abogacía que, por el momento, se traduce en la necesidad de cursar un master oficial de carácter habilitante y, posteriormente, de superar una prueba de acceso convocada por el Ministerio de Justicia. Sea como fuera esta transformación tiene un importante reflejo en el esquema de funcionamiento y de formación de los estudiantes de derecho. Las Universidades han asumido la gestión de un master oficial que presenta alguna peculiaridad frente a los criterios y los conocimientos que se habían impartido en los master de Abogacía con una importante carga de conocimientos de derecho corporativo y de las reglas de ejercicio profesional que no formaban parte de aquellos. En este contexto los esfuerzos por conseguir un material de apoyo que permita tener la información suficiente para el desarrollo y el seguimiento de las enseñanzas que se realizan en el master y que constituyen el entramado esencial del examen estatal redoblan la importancia que puede atribuirse a cualquier información docente. El conocimiento de los elementos esenciales de este nuevo tramo de la vida a caballo entre lo profesional y lo docente son, así, un elemento central para la consecución del desarrollo profesional. El practicum contiene tres grandes grupos de materiales. Los primeros se refieren a las obligaciones colegiales y al desarrollo de la vida profesional en el marco de un colegio de abogados. El segundo, se corresponde con el marco procesal de actuación en las diferentes jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativo, social) y con las obligaciones y derechos de los abogados en el ejercicio de su labor en la misma y las reglas generales de ésta. Finalmente y con todas las limitaciones que por razón de la materia y de su desarrollo proceden se encuentran las principales instituciones de las materias sustantivas. En esencia, las principales cuestiones del ámbito civil, penal, contencioso, laboral, mercantil. De esta forma el usuario puede encontrar la primera y fundada información de todos los ámbitos en los que se va a desarrollar su función.